Congreso deroga decreto que favorecía impunidad de militares que han violado los DD.HH. en Perú

El escritor Mario Vargas Llosa había enviado una carta de protesta al presidente Alan García.
La votación en el Congreso arrojó 90 votos a favor, provenientes de todas las bancadas, y uno en contra: el del congresista oficialista Luis Giampietri, un ex almirante que es además vicepresidente peruano.

La carta del novelista -en la que, además, renunció a presidir el Museo de la Memoria- tuvo el efecto de una bomba y, según la prensa, obligó al mandatario a dar un giro de 180 grados en medio de una ola de protestas contra el decreto legislativo. La norma señala que los crímenes de lesa humanidad serán archivados si en un periodo de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre del 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

Los detractores coinciden en que otorga impunidad a los militares y policías que cometieron crímenes contra los DD.HH., pues casi todos los procesos abarcan hechos cometidos entre 1980 y el 2000, periodo que incluye el primer mandato de García (1985-1990).

El Ejecutivo envió la propuesta al Parlamento unicameral, con la sugerencia de la derogatoria del decreto 1097. El resultado: una sesión extraordinaria tumbó el decreto.

Sin embargo, el presidente García declaró que "tanto poder no tiene Vargas Llosa" como para obligarlo a cambiar de opinión, y agregó que no hubo presión militar tras la norma, como sostiene el escritor.