Jóvenes son las víctimas de la violencia en América Latina

Allí el número de efectivos de la seguridad privada supera a los de la policía, según un informe de la OEA.
"Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios", según el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento fue presentado por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Pinheiro, y la representante para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Carmen Villa Quintana.

Por primera vez en décadas, la delincuencia ha desplazado al desempleo como "la principal preocupación" para la población de los países de América Latina, donde las autoridades respectivas no han desarrollado un trabajo "eficaz", indica el documento.

Los autores del informe advierten que las instituciones del Estado "no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia".
La falta de atención a las víctimas de la violencia y el delito, la privatización de los servicios de seguridad, la falta de profesionalismo y modernización de las fuerzas policiales, así como la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, son las mayores "debilidades" institucionales, según la CIDH.

En las Américas, la tasa de homicidios alcanzó en los últimos años los 25,6 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa la tasa es de 8,9 homicidios, en el Pacífico Occidental 3,4, y en Asia Sur y Oriental 5,8.
No obstante, "si el análisis se enfoca solamente en los sectores de ingresos medios y bajos de la población, la tasa promedio de homicidios en la región se eleva a 27,5/100.000", enfatiza la CIDH.

La lista la encabeza la región del Caribe, con 30 homicidios cada 100.000 habitantes, seguida por Sudamérica con 26/100.000 y América Central con 22/100.000. Además de la pérdida de vidas humanas, la violencia les cuesta a estos países entre 2 por ciento y 15 por ciento del PIB, subraya el estudio.

Y lo que es peor: la CIDH observa "serias dificultades" de los Estados miembros para dar soluciones eficaces a los problemas de seguridad con enfoques "desvinculados" a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

El informe también critica la "privatización" de la seguridad ciudadana, que crece a mayor nivel que la economía y alerta de que sus efectivos "superan con creces" las plazas que los Estados asignan a sus fuerzas policiales.
La investigación revela que en los últimos 15 años, el mercado de bienes y servicios de seguridad privada creció un 11,9 por ciento. La falta de un registro legal de los agentes privados, según la Comisión, favorece la "inexistencia" de control estatal de las actividades de las empresas privadas de seguridad, en ocasiones delictivas, al tiempo que facilita la "comisión de abusos".

La CIDH instó a la "profesionalización y modernización" de las fuerzas policiales, tras indicar que una fuerza "honesta, profesional, preparada y eficiente, es la base para desarrollar la confianza de los ciudadanos".

Pero la CIDH también realizó un preocupante informe sobre la libertad de expresión en Latinoamérica.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó este lunes su "profunda preocupación" por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela y exhortó al Gobierno a garantizar ese derecho, tras los hechos registrados en la última semana.

Los sucesos a los que se refiere son la condena a prisión del periodista Francisco "Pancho" Pérez, por publicar una denuncia de corrupción, la orden de aprehensión contra Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, una cadena muy crítica con el Gobierno, y el atentado con bombas "molotov" contra la Cadena Capriles.

La Relatoría, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que el comisionado para los asuntos de Venezuela de esta organización, Paulo Sergio Pinheiro, y la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, pidieron por escrito al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, información sobre lo sucedido.

En esa carta, también denunciaron que "los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez más reducidos", debido al "uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes".

Según esto, exhortó al Estado de Venezuela a adoptar "de inmediato" todas las medidas necesarias para garantizar a Pérez, a Zuloaga y a la sociedad venezolana el derecho a la libertad expresión, y el derecho al debido proceso y a ser juzgados por jueces imparciales e independientes.

Sobre el primero de los casos, que supone la condena a tres años y nueve meses de prisión y 18.000 dólares por difamación a Pérez, la CIDH consideró que se trata de una "evidente desproporción de la condena impuesta al periodista por la publicación de una denuncia de claro interés público".

El mismo día que se emitió esa condena el Tribunal 13 de Control de Caracas ordenó la aprehensión de Zuloaga y su hijo, con el mismo nombre, acusados de delitos de "usura genérica y agavillamiento" (asociación con fines ilícitos) como propietario de una concesionaria de vehículos.

La CIDH expresó su preocupación por la detención y señaló que la persecución penal por delitos no vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión puede configurar una violación de este derecho.

Esto ocurriría si se demuestra que la investigación está motivada por la posición política del imputado o por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, advirtió.

Además, se refirió a las "continuadas declaraciones públicas de altos funcionarios en contra de diversos medios de comunicación, sus directivos y periodistas", como la cadena atacada el pasado lunes.

Según indicó, tras estas manifestaciones, "se han incrementado los actos de violencia contra varios de estos medios por parte de grupos criminales privados".

En ese sentido, lamentó que este tipo de "agresiones" colocan "en una posición de mayor vulnerabilidad" frente al Estado y otros sectores a los medios de comunicación.