Sobre la Crisis institucional en Nicaragua

Esta semana les contamos algo sobre la situación de crisis que se vive en Nicaragua. Pero es nuestro deber, explicar un poco mas lo que allí está ocurriendo, toda vez que es una crisis institucional de graves proporciones, generada por el propio presidente de ese país, Daniel Ortega.
Nicaragua está sumida en una grave crisis institucional desde que en enero el presidente Daniel Ortega prorrogara por decreto el mandato vencido de magistrados del Tribunal Supremo, Contraloría de la República, procurador de Derechos Humanos y magistrados del Consejo Electoral, pasando por encima de la constitución política de ese país.

Estos últimos funcionarios, fichas claves y seguidores incondicionales de Ortega, le devolvieron el favor y sin legalidad alguna, aprobaron un cambio constitucional que permitía la reelección del mandatario permitiendo que el presidente pueda eternizarse en el poder, ante sugerencias del propio presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Fue entonces, cuando la oposición de este país centroamericano, tachó esta acción como un golpe de Estado, lo que intensificó una pugna entre oficialismo y oposición que generó desde la semana pasada, batallas campales en las calles de Managua y en los alrededores de la Asamblea Nacional y del Congreso.

Según la ley, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, debe aprobar la prórroga del mandato de los funcionarios. Pero adicionalmente para frenar esta maniobra los diputados quieren anular el decreto presidencial. Y de ahí la violencia para impedir que sesione el Congreso.

La semana pasada el presidente nicaragüense Daniel Ortega, lanzó a la calle a decenas de jóvenes para impedir por la fuerza que el Congreso pudiera reunirse en una actitud provocadora y movilizadora de sus antiguos afectos guerrilleros.

Durante tres días y desde el jueves, los diputados de la oposición estuvieron cercados por jóvenes que les lanzaron piedras, cohetes y palos. Con este vandalismo se pretendía impedir la anulación del decreto.

Los manifestantes, integrados en parte por pandilleros, sitiaron al Congreso, hirieron a diputados, quemaron carros y destrozaron un hotel al que se trasladaron los políticos al no poder reunirse en el Legislativo.

El presidente Daniel Ortega ejerció su poder de veto, pero los legisladores reunieron el número suficiente de votos para mantener firme su pronunciamiento.

Entonces, el presidente Daniel Ortega afirmó que a pesar de eso no tiene intenciones de cambiar sus planes. “No le están haciendo daño al gobierno. Es al pueblo, porque están paralizando su trabajo y me obligarían a mí a gobernar por decreto”, dijo el presidente en una amenaza de permanecer en el poder asumiendo el mismo por la fuerza.

Mauricio Díaz, ex embajador, vicepresidente del Partido Socialcristiano, declaró al periódico La Vanguardia que Ortega, quien controla el poder electoral, el Ejecutivo y el Judicial, “ordenó el vandalismo para forzar su reelección por medio de la intimidación”.

Pero los legisladores no darán marcha atrás y el ayer lunes iniciaron una serie de consultas constitucionales para aprobar una ley que derogue el decreto que generó la crisis.

En declaraciones publicadas por El Nuevo Diario de Managua, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el liberal José Pallais, reconoció que el sandinismo tratará por las vías de hecho o legales de detener estas consultas, para que la iniciativa que se propone anular el decreto de Ortega no llegue a junta directiva ni al plenario del Congreso.

“Los diputados de las bancadas democráticas, que somos parte de la comisión que redactará el dictamen, estamos clarísimos de que debemos tener mucha voluntad y de resistir y persistir”, dijo Pallais

“Ortega quiere imponer su reelección a sangre y fuego. Tendremos que pagar un alto costo para impedirlo, Nicaragua se juega la vida”, advirtió el analista Fabián Medina. Según una encuesta publicada por el diario La Prensa, el 69,4% de los nicaragüenses no votarían hoy por Ortega en una mayoría que no está de acuerdo con las políticas pro-chavistas de Ortega.