El asesinato, el pasado sábado, de una funcionaria norteamericana y de su marido cuando salían de una fiesta infantil en Ciudad Juárez ha vuelto a poner tensión entre México y Estados Unidos. Tras la declaración de Barack Obama en la que decía sentirse "indignado" por los crímenes, el presidente de México, Felipe Calderón, levantó la voz por dos veces durante su visita a Ciudad Juárez para exigir que su vecino del norte se implique de forma definitiva en la lucha contra el narcotráfico: "El crimen organizado tiene su origen en dos fenómenos que afectan a ambos países. Son el consumo y el tráfico de drogas en y hacia Estados Unidos, y el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos".
Calderón, que acudió a la ciudad fronteriza por tercera vez en mes y medio, no ocultó que el asesinato de tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos -la pareja de norteamericanos y un mexicano casado con una empleada de la delegación- añade todavía más dosis de mala fama internacional a Ciudad Juárez y a México en general. Y no se equivocó. Canadá se sumó ayer al llamamiento, cursado un día antes por Estados Unidos, para que sus ciudadanos eviten viajar a México salvo que sea "absolutamente necesario". Un llamamiento especialmente grave para el turismo mexicano porque en estos momentos son, precisamente, canadienses y norteamericanos los que abarrotan los hoteles de Acapulco y la Riviera Maya. También, pero de manera más despectiva, desaconsejó los viajes al sur John Cook, el alcalde de El Paso: "Tal como están las cosas, no sé qué puede haber de interesante en Ciudad Juárez".
Pero los motivos de fricción entre los dos países van más allá. El lunes, la portavoz del FBI en El Paso, Andrea Simmons, dijo que al menos siete corporaciones estadounidenses participarían en la investigación del asesinato de Lesley Enríquez y de su marido. Habló del FBI y de la DEA (la agencia antidrogas de EE UU), pero también de funcionarios de inmigración y aduanas y hasta del Departamento del Sheriff del Condado de El Paso. Senadores y congresistas mexicanos se apresuraron a advertir de que Estados Unidos no puede intervenir en las cuestiones de México, y el propio Calderón quiso dejar claro que la colaboración tiene que existir, "pero cada quien en su territorio". También el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quiso calmar las aguas en una cuestión tan sensible: "Ningún oficial de agencias de la ley de Estados Unidos llevará a cabo operativos en México".
Zanjado aparentemente el asunto, no tardó en surgir otro. Llegó de la mano de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano. La funcionaria volvió a alabar la decisión del Gobierno mexicano de luchar contra el narcotráfico, pero por primera vez cuestionó la validez de la estrategia: "La presidencia de Felipe Calderón ha estado profundamente involucrada
[en poner paz en Ciudad Juárez], decidiendo incluso el envío de efectivos militares. Pero esto no ha ayudado en nada". Las declaraciones de Napolitano sentaron como un tiro a Calderón, sobre todo porque sintonizan con una percepción generalizada en Ciudad Juárez: la llegada del Ejército y de los federales, lejos de mejorar, empeoró la situación. De hecho, durante la reunión de cuatro horas que mantuvo en Ciudad Juárez con representantes de diversos colectivos, Calderón sólo perdió la paciencia en un momento. Cuando uno de los participantes le preguntó: "¿Es posible ganar esta guerra así como está planteada?", el presidente le respondió, tajante: el Ejército seguirá en Ciudad Juárez.
El presidente de la República se llevó a Ciudad Juárez a siete secretarios y al procurador general de la República. Supervisó uno a uno los compromisos de su Gobierno para sacar del desastre a una ciudad que fue un modelo para el país y que ahora es su vergüenza. Incentivos a las empresas. Ayuda a las madres para que lleven a sus hijos al colegio. Centros de salud. Escuelas. ¿Y seguridad...? Nada más despejar su avión, regresó la matanza diaria.
sábado, 20 de marzo de 2010
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